Desde la crisis del petróleo de 1973 ha ido instalándose progresivamente en el imaginario de la sociedad el descrédito de la clase política y la desconfianza hacia el Estado, al tiempo que los políticos tradicionales eran sustituidos en sus puestos por tecnócratas y las grandes corporaciones económico-financieras se hacían con el control del poder. Tal situación ha tenido graves consecuencias para el bienestar de los ciudadanos y para la paz mundial.
La política, cuya etimología griega significa «de los ciudadanos», es el «conjunto de actividades humanas que tienen como referencia el Estado y una serie de procesos mediante los cuales se manifiestan diversas relaciones de poder entre grupos de individuos» (Diccionario político, El Viejo Topo, 2011). El ejercicio del poder político, como ya apuntaba Aristóteles, se verifica en el seno de la comunidad porque es en ésta donde puede alcanzar sus fines específicos. Dado que estos fines son el bien común, la justicia, la igualdad, la seguridad y la prosperidad en tiempos de paz, el ejercicio de la política exige a los políticos un sentido ético para toda actuación social.
Desde este punto de vista queda claro que el principal objetivo de la acción política, es decir del servicio público, es velar por la felicidad de los ciudadanos en el marco del Estado y sus instituciones. Sin embargo, hoy este objetivo aparece pervertido por la idea de que el Estado es incapaz de proteger a los ciudadanos y de gestionar el patrimonio público, y, consecuentemente, los políticos carecen de la inteligencia suficiente para tan altas funciones. De este modo, al cuestionarse la eficacia del Estado y de la clase política, los poderes privados que operan según las normas capitalistas, tienden a ocupar el ámbito de la res publica desplazando y desprestigiando a la clase política y colocando en su lugar a tecnócratas que actúan al servicio de los intereses económicos y financieros y privatizando servicios que, por su naturaleza pública, no tienen que ser necesariamente rentables.
Con la crisis del petróleo de 1973 comenzó así un portentoso proceso invasivo de la política que ha debilitado al Estado y ha usurpado el puesto de los políticos colocando en su lugar a ejecutivos que gobiernan y legislan en favor del poder económico. La perversidad del sistema es que, para ejercer un control absoluto del ciudadano y sus derechos, ha mantenido a la clase política y la acción política como apariencias de una realidad regida por el orden económico. Un orden que minimiza los derechos civiles y constitucionales al punto de exigir a los gobiernos que el colapso provocado por las prácticas especulativas, la corrupción y la acumulación sea sufragado por la ciudadanía y dado lugar a una escandalosa rapiña de bienes por parte de los bancos.
En este momento histórico, cabe a la ciudadanía una actuación orientada a recuperar su soberanía, secuestrada por el poder económico, dueño y gestor asimismo de la violencia y de la represión, y reivindicar el ejercicio de la política y al político para devolver al Estado su fortaleza y su función. Un Gobierno de políticos nunca actuaría para «contentar a los mercados», sino para mantener la paz, la seguridad y la felicidad de sus ciudadanos. Un Gobierno de políticos democráticos nunca procuraría cercenar los derechos de expresión y manifestación de los ciudadanos.
